El camino hacia el acceso a la justicia a partir de violaciones a derechos humanos o hechos con apariencia de delito, está lleno de decepciones, tensiones, frustración y complejidades, pues las personas que buscan su derecho a la justicia tendrán que atravesar por situaciones muy difíciles que van desde visibilizar esquemas de ineficacia, inutilidad, lentitud y hasta impunidad tanto de los recursos judiciales, como de los sistemas que imparten y administran la justicia en el contexto latinoamericano.
En México particularmente, el litigio estratégico en derechos humanos ha tomado relevancia como un mecanismo específico en la defensa de derechos humanos que supera la visión tradicionalista y rígida del litigio clásico, ese que se basa en procedimientos escritos, que parte de un sistema legalista, con argumentos débiles y repetitivos poco claros especialmente para las víctimas. Desde un enfoque interseccional el litigio estratégico permite visibilizar la especificidad de una víctima, las afectaciones no solo legales sino también las emocionales, las económicas, las laborales, las familiares, etc. y principalmente el impacto diferenciado de una violación a derechos humanos por ejemplo para niñas, niños, una mujer indígena, una mujer con discapacidad o bien un hombre agricultor, es decir, implica que la defensa de derechos humanos también tiene un análisis diferenciado de las posibles soluciones legales a partir de las necesidades de una víctima considerando su contexto situado y específico, con el propósito de que accedan a la justicia en condiciones efectivas y no revictimizantes.
Por eso hablo de TODAS LAS JUSTICIAS, pues no sólo se puede palpar aquella que se alcanza en un juzgado, o que reconoce un Poder Judicial o aquella justicia alternativa que se alcanza a través de mecanismos alternativos de solución de controversias; también transitamos hacia una justicia social, que puede ser construida de manera colectiva, en una comunidad, en una organización, en un barrio o en un grupo social, o la justicia emocional esa que parte de la individualidad y que permite que la dignidad sea alcanzada a partir de la autonomía progresiva y claro, la independencia económica, sobre todo para las mujeres sobrevivientes de la violencia.
Por ello el litigio estratégico se integra de diversas directrices que permiten que la defensa de derechos humanos se haga desde otros lados, pues considera el marco internacional vigente, además de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de casos concretos que pueden ser aplicables a una situación específica; también requiere de análisis multidisciplinares del caso, pues partir solo del análisis legal es reducido, así se deben considerar otras áreas como la psicología, la antropología, la sociología, la ciencia política, la filosofía, entre otras, que sostengan un argumento o expliquen un contexto; se coloca en el centro a las víctimas a partir de sus necesidades y decisiones, enfatizando en el fortalecimiento de su autonomía y su salud mental; y debe de ir acompañado de estrategias amplias de comunicación que ayuden a visibilizar la importancia del caso, la situación de riesgo e incluso la gravedad de un hecho, esto con el apoyo y la coordinación de las Organizaciones de la Sociedad Civil u Organizaciones no Gubernamentales, pues el involucramiento de activistas y personas defensoras de derechos humanos es una estrategia de fortalecimiento socio-legal.
Así pues, para las abogadas y los abogados o cualquier persona que se dedique a la defensa de los derechos humanos, el litigio estratégico permite hacer colaboraciones integrales creando mecanismos de defensa innovadores, críticos, radicales y funcionales, por lo que acompañar a personas que han sufrido situaciones como tortura u otros malos tratos, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, censura a la libertad de expresión periodística, discriminación sistemática, o bien han vivido violaciones a los derechos de la infancia en niñas y niños o a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, aquí tenemos a nuestro alcance una herramienta combativa para hacerla efectiva ante tribunales nacionales, órganos de derechos humanos e incluso tribunales internacionales pues no solo se busca una sentencia favorable, si no un cambio en las prácticas judiciales y principalmente un cambio en el proyecto de vida de las víctimas, porque ese es el objetivo central, transitar hacia una ética de la ternura con formas de convivencia más amables, en donde las personas puedan rehacer sus vidas desde esquemas armoniosos, amorosos, liberadores y emancipadores, en donde puedan abrazar esas otras justicias.
Sobre la autora:
Karen Aguayo Mota, abogada feminista y presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, Nayarit.